Investigan dos muertes | Clausuran una granja para adictos en Pilar que aplicaba torturas y tratos inhumanos a los internados

05-12-2017
   Una de las causas que dieron origen a la investigación sobre las situaciones anómalas que se daban allí, como el fallecimiento del joven mendocino Saulo Josías Rojas está a punto de ser elevada a juicio como "homicidio culposo".

Tras varias denuncias por graves irregularidades en su funcionamiento, incluyendo las sospechosas muertes de algunos internos, el Ministerio de Salud clausuró una granja de rehabilitación de adictos del partido bonaerense de Pilar.

Con esta medida, la Fundación San Camilo del partido de Pilar cerró sus puertas, luego de una serie de cuestionamientos por la existencia de torturas y tratos inhumanos que recibían los internados en este establecimiento.

La publicación del libro “La Comunidad” del periodista Pablo Galfré dejó al descubierto muchas de las cosas que ocurrían en este centro de recuperación para adictos a las drogas, al mismo tiempo que reavivó los expedientes judiciales que se habían iniciado por algunas muertes de personas que estuvieron internadas allí, atribuidas a suicidios o a enfermedades que fueron deteriorando su estado de salud por la correcta falta de atención.

Entonces, publica el Diario Popular, se fueron acumulando las denuncias y presentaciones que, si bien fueron rechazadas por los directivos y médicos de la Fundación San Camilo, derivaron en esta decisión de su cierre, adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Al margen de las causas pendientes, en relación a los decesos de Saulo Rojas y Felipe Mariñansky, que se reactivaron, meses atrás, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) se presentó ante la Justicia como “amicus curiae”, al mismo tiempo que efectuó una inspección a la granja, constatando “la existencia de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, que eran padecidos por los 60 jóvenes y adultos que permanecían internados allí, tanto por sus problemas con las adicciones, como otras afecciones.

   Entonces se solicitó su clausura, apoyándose también en el precario estado edilicio y la ausencia de un enfoque integral de los profesionales que se desempeñaban allí, como lo dispone la Ley de Salud Mental.

Ya en el mes de junio, los integrantes de la CPM constataron las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en la Fundación San Camilo y reclamó el cese inmediata de la comunidad terapéutica y más tarde, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ordenó su cierre.

“Las razones para ordenar la clausura eran evidentes y demasiadas: prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos, personas privadas ilegalmente de su libertad, medidas de aislamiento sistemáticas y arbitrarias, uso abusivo de psicofármacos en el marco de la ausencia completa de un abordaje interdisciplinario de los cuadros médicos”, se indicó.

No obstante, el periodista e investigador expresó que “la lucha sigue. Esta es solo una primera etapa. Estamos esperando que la causa del fallecimiento de este joven, que llegó desde su Mendoza para recuperarse de su adicción, sea elevada a juicio oral, bajo la imputación de homicidio culposo y que los responsables del proceso que terminó en su muerte sean condenados”.

En tal sentido, ponderó “el trabajo colectivo de los abogados de Miriam Lucero, Adrián Albor y el Grupo de Litigio Estratégico, de la Comisión Provincial por la Memoria, Luis Onofri, Darío Leyes y de Daniel Agostino, director de Prevención de Adicciones de la Municipalidad del Pilar”.
LAA/LDC

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